Sistemas de alerta temprana en el centro de la acción climática: Lecciones desde América Latina y el Caribe rumbo a la COP28

América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a desastres por fenómenos naturales del mundo. 

Más de 190 millones de personas se vieron afectadas por 1.534 desastres entre 2000 y 2022 (OCHA, UNDRR, 2023). La reducción de la vulnerabilidad y la exposición ante eventos hidrometeorológicos es uno de los desafíos más apremiantes que comparten los países de América Latina y el Caribe. Las transformaciones que podría experimentar el riesgo de desastre son todavía inéditas al considerar los efectos del cambio climático, el cual tiene una clara relación con la intervención humana desde el siglo XVIII. No solo variarán las amenazas, sino también los eventuales impactos que tendrán en las condiciones generales de vida de millones de personas. Dadas las tendencias conocidas, se estima que para el 2050 los daños anuales asociados al cambio climático en la región serán de US $100 mil millones (IAI, 2022). Además de un incremento en la pérdida de vidas durante los desastres, los daños suponen un lastre creciente para los países del área, que ven comprometida su estabilidad macroeconómica, su balanza comercial y su robustez fiscal. Todo ello erosiona la capacidad de los estados y los mercados para generar condiciones de calidad de vida digna para las mayorías, especialmente atendiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En este sentido, la gestión del riesgo de desastres (GRD) ofrece un amplio instrumental técnico y normativo para incrementar la resiliencia de las comunidades, los sistemas productivos y los servicios públicos, particularmente en contextos en donde las transformaciones multisistémicas y la incertidumbre añaden complejidad a la planificación del desarrollo. Mediante el aumento de las condiciones seguras de las comunidades altamente expuestas y vulnerables, es posible reducir las muertes y los impactos en los medios de vida de las personas. La GRD contribuye también a incrementar la resiliencia en los servicios públicos, sociales y económicos, ante el impacto de fenómenos hidrometeorológicos que comprometen su desempeño en un contexto en el que las amenazas están transformando sus patrones de intensidad y recurrencia. El Programa para la Adaptación de Sharm el Sheij[1] o el énfasis especial que se hizo en la COP 27 en pro de aumentar el financiamiento para la reducción de potenciales daños y pérdidas, son ejemplos de cómo la atención de los impulsores del riesgo de desastre son centrales para reducir impactos de forma sostenible en el tiempo.

La comunidad internacional ha realizado un esfuerzo importante para alinear y complementar sus grandes acuerdos sectoriales. En consecuencia, el BID ha alineado sus acciones de GRD con los acuerdos y prioridades del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastre y también con la ruta definida en el Acuerdo de París. A través de sus operaciones de financiamiento y asistencia técnica, el BID busca contribuir con el alcance de las siete metas globales definidas en el Marco de Sendai, apoyando procesos dentro de las cuatro prioridades de acción[2] y abordando aspectos centrales del riesgo de desastre en la región. Adicionalmente, el Banco asume la intersectorialidad como un principio operativo que le permite tender puentes con otros ámbitos del desarrollo, como la acción climática y la Agenda 2030.

Una de las áreas priorizadas por la comunidad internacional para aumentar las condiciones de seguridad territorial es el fortalecimiento de las redes nacionales de alerta temprana multiamenaza[3]. El Marco de Acción de Sendai incluye a los sistemas de alerta temprana como una de sus siete metas globales y destaca la alerta temprana como un proceso que juega un rol determinante en la reducción de víctimas durante situaciones de desastre. UNDRR/WMO (2022)[4] reporta que en los países donde los SAT multiamenaza cuentan con una buena cobertura las tasas de mortalidad por desastres se redujeron ocho veces en comparación con países con desempeño limitado. Existe abundante evidencia empírica en la literatura científica que muestra que los SAT: (i) reducen el número de personas afectadas por los desastres y ayuda a normalizar las actividades socioeconómicas inmediatamente tras el desastre[5]; y (ii) proporcionan información de manera universal y precisa, incluidos los grupos más vulnerables, ofreciendo una protección adecuada durante las emergencias[6].

Con el acompañamiento financiero del BID, países de la región como Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago, han realizado avances importantes en esa línea. El BID acompaña a Ecuador desde 2006 en el desarrollo y fortalecimiento de sus SAT con asistencias técnicas y operaciones de inversión que aumentaron la cobertura de sus redes de alerta; esto ha contribuido a consolidar un enfoque de SAT nacional multiamenaza. Perú también ha invertido en la ampliación de su Red Nacional de Alerta Temprana, con énfasis en la expansión del SAT para Tsunamis y en el diseño de SAT ante el riesgo de desastre de origen glaciar, un peligro latente para miles de peruanos ubicados en la Cordillera Blanca . En el caso de Trinidad y Tobago, el gobierno está desarrollando una hoja de ruta y un plan de inversiones para mejorar el desempeño de su Sistema Nacional de Alerta Temprana Multiamenazas, con la cooperación técnica del BID[7].

A través de operaciones como las mencionadas, el BID viene acumulando un acervo importante de lecciones aprendidas y buenas prácticas, tanto en el diseño como en la implementación de los SAT multiamenaza. Algunas de estas lecciones aprendidas se resumen a continuación:

• Es esencial la participación de la comunidad en los diferentes aspectos del desarrollo de los SAT para que estas inversiones sean efectivas. La noción de “sistemas de alerta temprana enfocados en la gente”, impulsada por Naciones Unidas hace ya más de 15 años, sigue siendo más vigente que nunca.  El SAT debe ser una herramienta enfocada en los ciudadanos, de manera que se asegure la participación de las comunidades en los simulacros y otras actividades relacionadas de los SAT, como la identificación de las rutas de evacuación y el conocimiento del riesgo. Además, se está utilizando en forma creciente la ciencia del comportamiento (nudges) para hacer más eficiente la forma en que las comunidades acceden y responden a la información del SAT.
• Es clave seguir actualizando los SAT existentes con ayuda de los avances tecnológicos. Una de las experiencias a destacar en el caso de Ecuador es el uso de las sirenas con cámara con fines multipropósitos. También se ha aplicado este enfoque en el diseño de un piloto de SAT comunitario ante “huaicos” (flujo de detritos) en Chosica, Perú, que incorpora cámaras para vigilar el estado de geomallas de mitigación y disparar las alertas, pero también permite a las autoridades locales monitorear las dinámicas de asentamientos informales en las áreas de alto riesgo. Las sirenas con cámara también pueden utilizarse en tiempos de calma (o cuando no se está produciendo ningún desastre), por ejemplo, para disuadir actos de delincuencia y monitorear el tráfico.
• La gobernanza de los SAT sigue siendo un aspecto clave. Desarrollar y mantener operativa una plataforma o red nacional de SAT multiamenaza requiere un liderazgo institucional y la existencia de lineamientos y acuerdos interinstitucionales con las agencias científico-técnicas que monitorean la amenaza y las autoridades locales, que brindan un nexo clave entre las autoridades nacionales y las comunidades. Los países de la región están en distintos estadios de desarrollo de estos marcos de gobernanza para consolidar sus SAT nacionales multiamenaza. El BID está promoviendo intercambios de experiencias entre países.
• Los SAT deben diseñarse considerando distintas escalas espaciales. Las redes nacionales de SAT multiamenaza implican, por un lado, el desarrollo de SAT de escala nacional o regional, con cobertura territorial amplia, que ahora se benefician de las tecnologías de sensores remotos y de la difusión de la alerta por medios masivos. De la misma manera, requieren el desarrollo de SAT locales y comunitarios, en áreas priorizadas por sus altos niveles de riesgo (en términos de exposición y vulnerabilidad) a amenazas específicas y muy localizadas, como el caso de deslizamientos activos.
• Es importante resaltar las oportunidades concretas para promover aspectos transversales en el desarrollo de los SAT, como los enfoques de género y de inclusión. No solo es esencial que la difusión de la alerta sea universal, alcanzando los segmentos más vulnerables, que incluyen a las mujeres y a las personas con capacidades diferenciadas, sino que es importante incorporar a estos segmentos de la población activamente en las instancias y procesos de toma de decisiones de los SAT. Ecuador brinda un ejemplo relevante a través del diseño de su nueva operación de inversión con el BID, donde se ha puesto especial cuidado a la inclusión de estos aspectos.

La experiencia acumulada demuestra que medidas de gestión del riesgo de desastres tienen gran potencial catalizador para mejorar la adaptación a cambios en el clima. La inversión pública en el desarrollo y fortalecimiento de los SAT multiamenaza es uno de los frentes que los países necesitan priorizar para salvaguardar la vida y medios de vida de miles de personas que verán incrementado su riesgo de desastre en los próximos años.