El Instituto de Estudios del Ministerio Público cuenta con una línea de Invetigación en Gestión dedicada enteramente al estudio de la gestión del riesgo de desastres, esfuerzo que no ha sido aislado y que, gracias al empeño, cuenta con la cooperación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (ungrd), e incluso ha contado con recursos de la Escuela Superior de Administración Pública (esap) y del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).
Los resultados son notorios, en cuatro años de trabajo mancomunado existen tres boletines Innova especiales sobre el tema. Así mismo, en labores conjuntas con una red de centros de investigación articulada desde el IEMP y con nodos en la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Reformada se han producido dos libros de resultados de investigación.
El propósito es que el país comprenda que los desastres no son solamente una cuestión física, estructural, sino
que estos son producto de un proceso de construcción sociopolítica de factores de vulnerabilidad que ante las
amenazas generan una mayor exposición, con el subsecuente aumento de los daños que puede generar un fenómeno.
Por tal razón, una de las apuestas del Instituto es la de observar los múltiples focos y características que componen este campo de estudio para validar posibles soluciones que, también, puedan ser construidas desde las bases sociales y de forma horizontal, en esquemas de gobernanza.
Uno de estos aspectos a tener en cuenta es incluir la vulnerabilidad social en el estudio del riesgo, como variable para definir su magnitud; esto, porque las capacidades sociales permiten reducir los impactos, al incrementar las posibilidades que tiene la sociedad para sobreponerse a los hechos.